Por Osvaldo Botta
Durante más de tres décadas recorriendo el interior productivo argentino aprendí una lección que se repite una y otra vez: la tierra, por sí sola, no produce riqueza.
Lo que genera desarrollo es la combinación entre tierra, capital, tecnología, trabajo y reglas claras.
Sin embargo, cada vez que Argentina debate las condiciones para que inversores extranjeros puedan adquirir tierras rurales, vuelve a aparecer una discusión que divide opiniones.
Para algunos, una mayor apertura representa una amenaza para la soberanía sobre los recursos estratégicos. Para otros, puede convertirse en una oportunidad para atraer inversiones, generar empleo, incorporar tecnología y desarrollar regiones que hoy se encuentran subutilizadas.
El desafío, entonces, consiste en discutir el tema con información y perspectiva, dejando de lado los extremos.
¿Los extranjeros pueden comprar campos en Argentina?
La respuesta es sí, aunque existen restricciones específicas.
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, estableció un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y fijó límites para la titularidad extranjera.
Entre sus principales disposiciones se encuentran límites a la superficie total que puede quedar en manos extranjeras, restricciones por nacionalidad y determinadas prohibiciones relacionadas con inmuebles ubicados en zonas estratégicas.
La normativa también contempla mecanismos de control y registración a través del Registro Nacional de Tierras Rurales.
Existe, además, una particularidad jurídica relevante: el DNU 70/2023 dispuso la derogación de la Ley 26.737, pero el sitio oficial del Estado argentino informa que su vigencia fue restituida mediante una medida cautelar actualmente vigente. Por eso, cualquier operación concreta debe analizarse de acuerdo con la normativa y las decisiones judiciales vigentes al momento de realizarla.
¿Qué límites establece la Ley de Tierras Rurales?
El régimen establece, entre otras cuestiones, un límite general del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial.
También establece que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% del porcentaje asignado a la titularidad extranjera.
A su vez, existen límites de superficie por titular y restricciones específicas para determinados inmuebles, entre ellos aquellos que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes y determinados inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Según la información oficial actualizada en agosto de 2025, ninguna provincia argentina superaba el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras.
Esto permite dimensionar el debate con datos concretos y no solamente desde posiciones políticas o ideológicas.
¿Por qué vuelve a discutirse una mayor apertura al capital extranjero?
En los últimos años surgieron distintas propuestas e iniciativas orientadas a modificar o flexibilizar el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Quienes defienden una mayor apertura suelen argumentar que un marco más flexible podría:
- atraer inversiones de largo plazo;
- incorporar tecnología;
- mejorar la infraestructura rural;
- desarrollar zonas con baja productividad;
- generar empleo directo e indirecto;
- aumentar la actividad económica regional;
- mejorar la productividad de los establecimientos;
- ampliar la base tributaria.
Pero existe una condición fundamental: la inversión debe estar acompañada por reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos adecuados de control.
La discusión no debería plantearse simplemente como “abrir” o “cerrar” el mercado.
La verdadera pregunta es otra:
¿Cómo puede Argentina atraer capital sin resignar el control sobre sus recursos estratégicos?
Capital para producir, no solamente para comprar tierra
Hay una diferencia sustancial entre comprar un campo como activo patrimonial y desarrollar un proyecto productivo sobre esa tierra.
Argentina posee millones de hectáreas que requieren inversiones significativas para aumentar su productividad.
Hablamos de:
- alambrados;
- caminos internos;
- aguadas;
- electrificación;
- sistemas de riego;
- manejo forestal;
- implantación de pasturas;
- agricultura de precisión;
- genética ganadera;
- maquinaria;
- infraestructura logística.
Todo ese proceso demanda capital.
Y cuando ese capital llega acompañado de un verdadero proyecto productivo, el impacto no queda limitado al propietario del establecimiento.
Aparecen contratistas, transportistas, veterinarios, ingenieros agrónomos, proveedores de maquinaria, comercios locales, trabajadores rurales y numerosos profesionales vinculados directa o indirectamente con la actividad agropecuaria.
La inversión productiva genera un efecto multiplicador que trasciende al campo.
El ahorro argentino también puede ser protagonista
La discusión sobre la inversión en tierras rurales tampoco debería concentrarse exclusivamente en el capital extranjero.
Durante décadas se habló de los llamados “dólares del colchón”: ahorro privado que permanece fuera del circuito productivo por falta de confianza, previsibilidad o alternativas de inversión.
Si Argentina logra construir condiciones de mayor estabilidad, seguridad jurídica y previsibilidad económica, una parte de ese capital también podría canalizarse hacia proyectos productivos.
No se trata solamente de atraer inversores extranjeros.
También se trata de generar confianza para que los propios argentinos inviertan en tierras, amplíen establecimientos, desarrollen nuevos proyectos y generen empleo genuino.
¿Qué hacen otros países con la inversión extranjera en tierras?
Los principales países agroexportadores del mundo utilizan diferentes modelos para regular la inversión extranjera en tierras rurales.
Algunos establecen límites de superficie.
Otros exigen autorizaciones especiales.
Otros aplican restricciones según la ubicación, el tipo de inversor o el destino de la inversión.
Y algunos mantienen regímenes considerablemente más abiertos.
No existe una única fórmula.
La experiencia internacional muestra que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre dos objetivos que no necesariamente son contradictorios:
proteger los intereses estratégicos del país y, al mismo tiempo, generar condiciones para atraer inversión y desarrollar el territorio.
La discusión no debería plantearse entre extremos
Como corredor rural que lleva más de tres décadas recorriendo establecimientos productivos en distintas regiones del país, considero que el debate necesita incorporar una mirada más amplia.
La pregunta no debería ser solamente quién aporta el capital.
También deberíamos preguntarnos:
¿Qué hace ese capital con la tierra?
No es lo mismo adquirir un campo para mantenerlo improductivo que invertir en infraestructura, tecnología, producción, empleo y desarrollo regional.
Tampoco es lo mismo una inversión de corto plazo que un proyecto pensado para desarrollar un establecimiento durante décadas.
Por eso, la discusión sobre la inversión extranjera en campos argentinos debería analizarse desde una perspectiva productiva y patrimonial, pero también desde una mirada estratégica.
La verdadera riqueza está en producir más
La tierra argentina es uno de los grandes activos estructurales del país.
Pero su verdadero valor no está únicamente en las hectáreas que figuran en una escritura.
Está en lo que esas hectáreas pueden producir.
Cuando una inversión permite incorporar tecnología, mejorar los rendimientos, generar empleo, desarrollar infraestructura, aumentar la producción de alimentos y dinamizar una región, el impacto económico va mucho más allá de una operación inmobiliaria.
Por eso, el desafío para Argentina no debería ser simplemente decidir si abre o cierra sus puertas al capital extranjero.
El desafío es construir reglas claras, previsibles y equilibradas, capaces de proteger los recursos estratégicos del país y, al mismo tiempo, atraer capital destinado a producir.
Porque la verdadera riqueza no está solamente en quién figura en la escritura de un campo.
La verdadera riqueza aparece cuando esa tierra produce más, genera trabajo, incorpora tecnología y contribuye al crecimiento del país.
Ese es, quizás, el debate que Argentina necesita dar.
