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En medio de la escalada de tensión en la política, la 68° Fiesta Nacional del Trigo fue el escenario de un inusual punteo de acuerdos, incluso firmado con un acta. Sucedió en Leones, Córdoba, en el corazón agrícola del país, y participaron representativos dirigentes de la agroindustria, del ámbito privado como la Mesa de Enlace y también funcionarios nacionales, como Pedro Vigneau, mano derecha del Secretario de Agricultura de la Nación, Fernando Vilella, y provinciales como el ministro de Bio Agroindustria de Córdoba, Sergio Busso.
El contexto de crisis económica y la indudable necesidad de reformas en el país, determinó que en el listado de temas se destacaron los 17 pedidos. Y en ese sentido, el hecho más destacado es que de las 4 entidades de la Mesa de Enlace reiteraron el reclamo de eliminar las retenciones, tanto de los granos como de otras producciones agroindustriales.
“Muchas veces se dice como una expresión de deseo, como algo que no va a lograrse nunca, pero debe ser fundamental que exista la posibilidad concreta de que se retiren los derechos de exportación”, dijo Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina.
“Las retenciones es el peor impuesto que le puede tocar al sector agropecuario. Productores de soja resisten hasta más de un 70% de presión impositiva. Mientras que los países limítrofes, que son nuestros competidores directos, no tienen ese flagelo. Estamos jugando con desventaja”, evaluó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y remarcó que “es lo menos federal que hay, porque recauda la Nación y no se coparticipa”.
Elbio Laucirica, titular de Coninagro, destacó que “cuando se pretende un mayor desarrollo económico en el marco del plan de estabilización del Gobierno, es contraproducente un aumento de los impuestos. Sobre todo, de uno que es regresivo, que no promueve la inversión ni la generación de nuevos empleos”.
Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, marcó “la necesidad imperiosa de la eliminación de los derechos de exportación, no solo para la cadena de trigo, sino de toda la producción”.
También se pidió por otras cuestiones: como tomar como tema de comunicación a la Huella de Carbono, solucionar problemas de logística, infraestructura, caminos y energía en todas las provincias, quitar la reglamentación del Banco Central sobre el stock en producción (Resolución 7600), adoptar un programa de Buenas Practicas Agropecuarias a nivel nacional, y la promoción de tecnología para los productores en zonas marginales (riego, conservación de suelos, etc), entre otros.
Con todo, no fue menos interesante haber llegado a 10 puntos acordados, como construir una agenda de trabajo triguera para aspirar a una política de Estado de largo plazo y de alto impacto para la sociedad en su comunión con lo urbano y rural y utilizar la marca país TrigAR.
También se consensuó incentivar la próxima siembra de trigo y alcanzar equilibrios con normas claras que contribuyan a toda la cadena: Ley de Semillas y recursos fitogenéticos estratégicos (bancos de germoplasma), Promoción de Fertilizantes, Plan Agroindustrial. Y además, potenciar la visión de la Bioeconomía, promoción de las exportaciones y el valor agregado del trigo, infraestructura e innovación institucional.
Entre las propuestas, se puso foco en aunar esfuerzos desde lo público y privado para la realización del Congreso Internacional de TRIGAR, trabajar en relación a ley de semillas, UPOV o propuesta superadora y fortalecer la comunicación de la cadena.
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