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Productores de Alimentos Autoconvocados (PAA), una agrupación surgida hace diez días en partido de Pehuajó para resistir el avance de un proyecto de ordenanza municipal de Unión por la Patria (UxP) que propone cobrar dos litros de gasoil por hectárea de aplicación de fitosanitarios en el distrito, evalúan realizar una movilización a la capital de la provincia de Buenos Aires para manifestar su rechazo a lo que consideran parte de una embestida recaudatoria ideada por el gobernador Axel Kicillof.
“Creemos que la cabeza de la serpiente está en La Plata, que el conflicto se genera por una orden política de Kicillof y que Pablo Zurro (intendente de Pehuajó, de UxP) es solamente un instrumento del gobernador, ya que esto tiene relación con lo que pasó en Azul y con lo que está pasando en otros municipios como Lincoln; y con la tasa vial que tuvo aumentos muy fuertes también”, explicó José Perkins, agricultor local. Según entienden los ruralistas, el nudo del conflicto es la recaudación y no el ambiente. “Los recursos discrecionales que existían antes de que asumiera Milei los vienen a buscar ahora a la cantera productora porque ya no van a recibir esos cheques discrecionales, los buscan creándoles nuevos impuestos a los generadores de riqueza”, indicó Perkins. Un cálculo estimativo de los productores indica que Zurro recaudaría 1.900.000 dólares más con este nuevo régimen impositivo.
Los cuatrocientos cincuenta productores, ingenieros agrónomos, aplicadores de fitosanitarios, vendedores de insumos, transportistas, comerciantes y abogados pehuajenses unidos en PAA, están manteniendo reuniones presenciales y trabajando paralelamente en tres ejes para evitar la creación de este nuevo impuesto al campo así como la ampliación de la distancia de pulverización terrestre de productos banda verde que se incluye en la medida que impulsa Zurro. Por un lado, delinean la estrategia legal que contempla la presentación de amparos colectivos y/o individuales en caso de aprobarse la ordenanza; por otro, planean una marcha de protesta a Gobernación en la ciudad de la Plata; además, están realizando una serie de capacitaciones jurídicas, filosóficas, políticas y agronómicas.
El proyecto de ordenanza de Unión por la Patria propone cobrar dos litros de gasoil premium por hectárea y por máquina que realice tareas de pulverización de fitosanitarios en el distrito. Además, extiende el área de exclusión de operaciones a 500 metros de distancia a partir de la última vivienda más 300 metros de búfer.
“La ordenanza de Unión por la Patria es confiscatoria y ridícula. Quiere impedir aplicar fitosanitarios en los campos que están a 500 metros del ejido urbano y pide 300 metros más de área de amortiguamiento (búfer) para tratar solo con productos banda verde. Si nosotros no podemos cuidar a los cultivos, salen del área de siembra, porque es indispensable para mantener los lotes limpios y sanos. Lo paradójico de esto es que los productos de uso doméstico tienen la misma ‘peligrosidad que los fitosanitarios”, explicó Perkins.
De acuerdo a PAA, las cuatro entidades gremiales de la mesa de enlace, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural, están al tanto y apoyan la iniciativa del grupo, aunque hasta el momento lo habían hecho público solo estas dos últimas.
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