[ad_1]
Aunque el reclamo histórico y más simbólico del campo siguen siendo las retenciones, como lo reflejamos la semana pasada, en el último tiempo ganó prioridad la unificación del tipo de cambio. La necesidad de reducir o eliminar la brecha cambiaria sobresale a la hora de las protestas, como fue la manifestación del martes 28 en Villa Constitución, y también en las manifestaciones de propuestas, como la presentación, este miércoles, del Plan Federal Agroindustrial 2023-2033.
El telón de fondo es que faltan dólares en toda la economía. Este verano, el aporte de divisas del agro cayó 75% respecto de enero y febrero de 2022. Fueron clave la sequía y el adelantamiento de liquidaciones por el dólar soja, como lo reflejó el informe mensual de la cámara de agroexportadores (CIARA-CEC).
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por 61 entidades del sector, presentó un Plan Productivo, Innovador, Inclusivo y Sustentable, con 40 medidas, entre las que se destacan la reducción gradual de las retenciones.
Aseguran que no tendría costo fiscal y que entre 2023 y 2033 aumentaría el empleo sectorial un 40% (900.000 puestos de trabajo adicionales), las exportaciones (73%, US$39.000 millones más) y la recaudación fiscal, lejos de disminuir, crecería 50%, con US$32.000 millones netos.
La propuesta fue presentada un día después de que perdiera estado parlamentario un proyecto de ley similar, pese a que a fines de septiembre de 2021 había sido presentada con la presencia del presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner junto a otros funcionarios.
A diferencia de esa norma, que había sido consensuada con el Gobierno, ahora se plantea como una iniciativa privada, abierta a todas las fuerzas políticas.
“Este grupo trata de ser una unidad de construcción, de propuestas, no deteniéndonos en la coyuntura. Nos interpela la coyuntura, pero es prudente poner faros largos”, dijo el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins, durante la presentación.
“No queremos subsidios, necesitamos incentivos de mediano y largo plazo que no sean revertidos por medidas que generan imprevisibilidad. El mayor ganador con este plan es el Estado”, remarcó Gustavo Idígoras, presidente CIARA-CEC.
“La producción está estancada hace décadas. Todos los años perdemos espacios, perdemos acceso a determinados mercados y nos vamos primarizando”, enfatizó el directivo, agregando que se exportan cada día más productos primarios, con un bajo grado de industrialización, mientras que en el resto del mundo pasa lo contrario.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) recordó que este sábado se cumplen 21 años de la reimplementación de las retenciones, “el impuesto más dañino para el país”.
Puntualizaron que el 4 de marzo de 2002 se anunciaron en el Boletín Oficial como un “impuesto transitorio, con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos”. Fue aplicado como algo “excepcional” pero que sigue vigente hasta la actualidad.
Desde la SRA creen que lo peor es que “sigue poniendo un freno al desarrollo no solo del sector agropecuario sino también del país, porque “en el período 2001–2022 los productores agropecuarios transfirieron en concepto de retenciones al fisco más de 175 mil millones de dólares. Sin embargo, la pobreza aumentó: en 2001 alcanzaba a 16.500.000 personas y en el 2022 el número llegó a 20.200.000.
Además, destacaron que según el último censo agropecuario “hay 70 mil productores menos. Pasaron de 297.000 a 227.000 en dicho período”. Consideran que “ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad”.
La entidad presidida por Nicolás Pino subraya que “en estos momentos, en donde la sequía pega fuerte, las retenciones ponen a los productores al límite de la sustentación económica ya que se aplica la alícuota directamente al precio de mercado o de venta de los productos, y en el arranque del año electoral, le solicitaron “a todas las fuerzas políticas que nos digan qué van a hacer con este impuesto cuando les toque gobernar, ya que es imposible concebir el futuro del país que no contemple al campo en el centro de la ecuación económica”.
Con todo, en todas las conversaciones entre protagonistas de la agroindustria se destaca la unificación del tipo de cambio como la medida más estructural y urgente a tomar. Lo plantean desde las economías regionales más periféricas hasta las producciones agrícolas de la zona central del país.
Es fácil de mensurar. Si las retenciones implican un 33% de tributo al Estado en el peor de los casos, el gravamen sobre la soja, el impacto de la brecha cambiaria oscila en torno al 50%, con un dólar oficial –el que reciben los exportadores- a $200 y los dólares financieros y el blue rozando los $400.
[ad_2]
Source link